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Condición más beneficiosa en pensión de sobrevivientes

Por: Ángela Marcela Carrillo.

Cuando se habla de la condición más beneficiosa se hace referencia a una determinada situación que se presenta cuando “si bajo las reglas vigentes no se cumplen los presupuestos para acceder al reconocimiento de una pensión, debe evaluarse si bajo otra normativa derogada del ordenamiento jurídico es posible conceder el derecho, si es que el interesado cumplió con el requisito de densidad de semanas del régimen anterior para garantizar el acceso a la prestación reclamada”

A la fecha está vigente lo establecido en la Ley 797 de 2003, sin embargo, a continuación se mencionan los requisitos de los regímenes anteriores:

Pensión de sobrevivientes:

Decreto 758 de 1990 Ley 100 de 1993 Ley 797 de 2003
• Haber cotizado 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del fallecimiento o 300 semanas en cualquier época.

• Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas al momento de la muerte.

• Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

• Haber cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento

Entonces, en el caso de la pensión de sobrevivientes, se aplica la norma inmediatamente anterior al fallecimiento del afiliado, si este cumplió con el requisito de semanas establecidas en la norma. No obstante, la Corte Constitucional indico en la sentencia T-235 de 2017 que

“es viable invocar la condición más beneficiosa para inaplicar la Ley 797 de 2003, en vigencia de la cual fallece el causante, y conceder el derecho en virtud de lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, si antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se aportaron trescientas (300) semanas en cualquier tiempo”.

Su argumentación se basa en: “una definición más amplia de la condición más beneficiosa, no solo como un mecanismo que protege a los usuarios de cambios intempestivos en la regulación, sino también como un postulado que los ampara de situaciones que en estricto sentido conducen a resultados desproporcionados en relación con otros afiliados que cumpliendo requisitos menos exigentes tienen derecho a un beneficio pensional, lo cual es incompatible con la Constitución.(…) Es decir, el objeto principal de este postulado es evitar que un tránsito legislativo genere una afectación desproporcionada de los intereses legítimos de los afiliados, en el sentido de que personas que han aportado una cantidad considerable de semanas se verían privadas del derecho, mientras que la nueva regulación permitiría el acceso al mismo a ciudadanos que han satisfecho cargas de menor entidad”.

Adicionalmente, señala que este concepto ha sido aplicado en varias sentencias de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que este principio también se sustenta en los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. De esta manera, se aplica el Decreto 758 de 1990, analizando el caso concreto como el momento en que el afiliado realiza la mayor parte de sus cotizaciones, la densidad de los aportes y la posible afectación de los derechos fundamentales.

Por: Ángela Marcela Carrillo.

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